Costa Rica viola derechos por las represas

Ambientalistas y comunidades afectadas por hidroeléctricas sufren amenazas

Fecha de Publicación
: 24/05/2014
Fuente: Adital
País/Región: Costa Rica


El especialista independiente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, John Knox, estuvo en Costa Rica en julio y agosto de 2013. La visita originó un informe divulgado recientemente en el que se analizaron situaciones como la seguridad de ambientalistas, los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas afectadas por proyectos hidroeléctricos y las amenazas vividas por comunidades que viven en áreas protegidas. A pesar de tocar temas relevantes, el informe tuvo poca divulgación en los medios de comunicación internacionales e inclusive dentro de Costa Rica.
Entre las recomendaciones y desafíos en materia de derechos humanos, el especialista pide atención sobre la situación de las familias que viven dentro de áreas protegidas, como es el caso de la comunidad ubicada en el Refugio Mixto de Vida Silvestre en Gandoca Manzanillo. Las familias están pendientes de órdenes de desalojo y demolición de sus casas. Sin embargo, Knox pide que el gobierno no las someta a la expulsión de sus hogares ocupados por generaciones, pues "el derecho a un ambiente saludable no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales”.
Knox también recordó el emblemático y reciente caso de la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval en una playa de Costa Rica, en mayo de 2013, después de realizar denuncias de que su organización ambiental estaba recibiendo amenazas por defender los nidos de tortugas marinas en las playas del Caribe. El especialista pide que el Estado de Costa Rica aumente sus esfuerzos para proteger y permitir que las personas y comunidades interesadas en trabajar en favor de la protección de determinadas zonas puedan continuar actuando.
El especialista sugiere que Costa Rica estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión u órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que examine la historia y la situación actual de los/las defensores/as de derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en el país.
La situación de los pueblos indígenas afectados por megaproyectos hidroeléctricos también figura entre las recomendaciones. El informe recuerda las ya conocidas obligaciones internacionales en lo que concierne a esa población y destaca el caso específico del proyecto El Diquís, el mayor de América Central y que está ubicado en reservas indígenas. Como determinan las legislaciones internacionales, el Estado debe realizar consultas con los pueblos indígenas afectados para que ellos puedan ejercer su derecho al consentimiento libre, previo e informado, se señala.
Una de las últimas indicaciones es que el Estado revise las recomendaciones realizadas en 2009 por Catarina Albuquerque, especialista independiente de la ONU sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos, para que se renueven los esfuerzos para cumplir lo que fue solicitado, sobre todo en materia de acceso al agua potable y al saneamiento.
"Hacemos votos para que las autoridades de Costa Rica encuentren en todas y en cada una de esas recomendaciones un itinerario útil para guiar sus acciones en los próximos años en Costa Rica. Es alarmante el deterioro de la situación ambiental heredada de las últimas administraciones; las comunidades afectadas esperan ansiosas un cambio de actitud del Estado costarricense”, concluye Knox.
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