Vale cuestionada en su país de origen




Impactos ambientales y violaciones de derechos caracterizan principal proyecto de la Vale

Fecha de Publicación
: 14/10/2013
Fuente: Adital
País/Región: Brasil


Esta semana, la Relatoría del Derecho Humano al Medio Ambiente de la Plataforma de Derechos Humanos (Plataforma Dhesca) estará en Maranhão para presentar el informe "Minería y violaciones de derechos: el Proyecto Ferro Carajás S11D de la Vale S.A.”. La presentación se realizará a las comunidades e instituciones del corredor de Carajás, región formada por ciudades de Pará y Maranhão.
El trabajo es fruto de investigaciones y visitas realizadas en marzo de este año para verificar denuncias de violaciones de derechos humanos practicadas en el contexto del complejo de extracción, procesamiento y salida del mineral de hierro, actividades de responsabilidad de la minera Vale y de otras empresas relacionadas con el complejo siderúrgico en la región de Carajás.
El Proyecto Ferro S11D, ubicado en la ciudad de Canaã dos Carajás, contempla una nueva mina y planta de procesamiento en la Floresta Nacional (Flona) de Carajás, un ramal ferroviario en el sudeste de Pará, la duplicación de la Ferrovía Carajás (EFC) y la expansión de la terminal portuaria de Ponta da Madeira, en São Luís, Maranhão. Ésta es la mayor inversión de la historia de la Vale y fue pensada para incrementar la productividad de la empresa.
El proyecto recibió licencia previa del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama), el 26 de junio de 2012, después de ocho años de negociaciones. Así, la Vale va a aumentar la extracción de hierro en 90 millones de toneladas métricas de mineral de hierro por año y contará con inversiones de US$ 19.400 millones para la apertura de la mina y las obras de logística para sacar la producción.
Las primeras críticas vinieron por el impacto sobre una vegetación ya amenazada y por los efectos sobre las lagunas de Violão y Amendoim, cuerpos de agua de importancia ambiental. Pero esto no es todo. Otra situación grave es que una de las obras de logística, el Ramal Ferroviario del Sudeste de Pará, cruzará áreas de ocupación y asentamientos y existe el temor de desocupaciones ilegales.
Durante las investigaciones, la Relatora del Derecho Humano al Medio Ambiente de la Plataforma Dhesca, Cristiane Faustino, visitó el asentamiento Santo Antônio (del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria - Incra), de donde familias fueron desalojadas en forma violenta en agosto de 2011. Las tierras desocupadas fueron compradas en forma ilegal y anexadas a la hacienda Santo Antônio, posteriormente vendidas también en forma ilegal a la Vale.
En el caso de la duplicación de la Ferrovía Carajás (EFC), que corta 27 municipios, 28 unidades de conservación y 86 comunidades quilombolas y poblaciones indígenas en Pará y Maranhão, los afectados relataron una infinidad de problemas como atropello de personas y animales en la Ferrovía Carajás, accidentes en las obras de duplicación, ausencia de estudio de impacto ambiental, de audiencias públicas y de consulta a las poblaciones indígenas y tradicionales, contaminación del aire, del suelo y de las aguas; falta de información a las comunidades, contaminación sonora, trepidación y rajadura en las casas; deforestación y aluviones de canales; conflictos en las comunidades y violaciones del derecho a la educación.
La lista de impactos y de violaciones a los derechos humanos no se acaba con este listado. La Relatoría del Derecho Humano al Medio Ambiente también constató migración desordenada, riesgos de agravamiento de las condiciones de vida de niños, jóvenes, adolescentes y ancianos, y desigualdades de género que impactan la vida de las mujeres, como aumento de sobrecarga de trabajo, perjuicios sobre la salud pública, precarización del servicio público y vulnerabilidad a la explotación sexual y otras formas de violencia, además de inhibición forzada de la organización política comunitaria.
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